Después de permanecer dos años prófugo y rebelde, Carlos Aguilera volvió a beneficiarse de la tolerancia del sistema judicial. Llegó al juicio sin defensor particular, pese a haber tenido casi un mes para designarlo, y recién presentó a un nuevo abogado el mismo día del debate. El Tribunal admitió otra vez la chicana jurídica y suspendió nuevamente la audiencia. A esto se sumó la presencia activa de su abogado principal, suspendido para ejercer la profesión, quien estuvo asistiendo al acusado antes, durante y después del intento de inicio de la audiencia.
El juicio oral por denuncia falsa contra Carlos Aguilera González volvió a quedar postergado. La investigación se inició en 2020, hace seis años, y el acusado permaneció durante dos años prófugo y en rebeldía en esta y otras causas penales.
Los hechos punibles investigados no se encuentran entre los más graves y, de hecho, el sistema penal promueve salidas procesales para evitar que estos casos lleguen a juicio oral.
Sin embargo, el problema no está en la gravedad de las causas, sino en la facilidad con que un acusado renuente consigue prolongarlas durante años cuando sus maniobras encuentran tolerancia, demoras o fallas dentro del propio sistema judicial.
Aguilera tuvo que ser detenido en mayo pasado durante un allanamiento para que compareciera ante fiscales, jueces y tribunales que lo requerían en sus causas por denuncia falsa, frustración de la ejecución individual y producción de riesgos comunes.
A este escenario se suma la situación de su defensa técnica. Su abogado principal, Favio Ramos, acumula al menos ocho antecedentes disciplinarios, entre ellos varios que serían, justamente, por plantear maniobras dilatorias de este tipo. En julio pasado fue suspendido por seis meses para el ejercicio profesional.
La chicana ya estaba cantada
El 27 de julio pasado, el juicio ya había sido suspendido justamente por problemas con la representación jurídica de Aguilera. Su abogado principal, Favio Ramos, está suspendido, mientras que otro de sus representantes, Luis Ramos, hijo de Favio y con poder para intervenir en su nombre, había renunciado.
Ante esa situación, el Tribunal de Sentencia, integrado por Julio Alfonso (presidente), Lisi Bogado y Víctor Ortigoza, emplazó a Aguilera a designar un abogado de su confianza y le advirtió que, de no hacerlo, sería asistido por un defensor público. El acusado no nombró a ningún profesional dentro del plazo y finalmente quedó bajo representación de la Defensa Pública.
Sin embargo, recién este martes, el mismo día en que debía comenzar nuevamente el juicio, Aguilera presentó como nuevo defensor particular a Christian Alvarenga, sobrino de Favio Ramos.
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Con la designación de último momento, el Tribunal terminó admitiendo la misma maniobra que había intentado neutralizar con el emplazamiento previo. A pesar de que el abogado público designado estaba también presente, los jueces recularon y volvieron a postergar el inicio del debate, esta vez para permitir que el nuevo abogado privado tome conocimiento del expediente y prepare la defensa.
La nueva fecha fue fijada para el próximo lunes 24 de agosto.
Abogado suspendido estuvo asistiendo al acusado
Otro episodio llamativo se produjo antes y durante el intento de inicio del juicio. Favio Ramos, pese a encontrarse actualmente suspendido para ejercer la profesión, estuvo presente en la sala y acompañó a Aguilera durante buena parte de la jornada.
Antes de la audiencia fue visto conversando con el fiscal Osvaldo Mora sobre esta y otras causas relacionadas con el acusado. Incluso, antes del ingreso formal del Tribunal, Ramos presentó al nuevo abogado a su propio cliente y participó de conversaciones vinculadas a la organización de la defensa.
También permaneció dentro de la sala durante el intento de apertura del juicio, pero no fue posible para Foro Guairá determinar si realizó algún planteamiento formal ante el Tribunal ni en qué carácter permaneció allí, debido a que el acceso a la sala fue restringido temporalmente.
Al ser consultado, Ramos sostuvo que no habló en ningún momento ante el tribunal. “Yo desde un primer momento estuve como espectador. No estaba interviniendo como abogado de Carlos Aguilera”, se excusó. También detalló que una de sus últimas suspensiones se debió, justamente, a denuncias enmarcadas dentro de uno de los casos de Aguilera.
La sanción vigente fue impuesta por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió suspender a Ramos por seis meses en el ejercicio de la profesión. La resolución menciona además al menos ocho antecedentes disciplinarios, entre ellos apercibimientos, una multa, una amonestación y varias suspensiones previas.
Esa nueva sanción fue aplicada, precisamente, porque Ramos intervino en otro expediente cuando ya se encontraba suspendido por una medida anterior de tres meses. En su defensa alegó que el escrito cuestionado había sido preparado antes de la entrada en vigencia de aquella suspensión, aunque la Corte consideró igualmente acreditada la falta disciplinaria.
Acceso momentáneamente restringido a la prensa
Durante el intento de inicio del juicio también se produjo una situación poco habitual.
Foro Guairá había ingresado previamente a la sala y realizado imágenes antes de la audiencia. Sin embargo, tras salir momentáneamente para cubrir otro juicio oral en el Palacio de Justicia, un agente policial impidió el reingreso justo cuando se hicieron presentes los miembros del Tribunal. El uniformado nos señaló además que la restricción obedecía a una disposición del presidente del colegiado.
Posteriormente, consultado por Foro Guairá de manera informal, el presidente del Tribunal, Julio Alfonso, respondió que existía “total libertad” para la prensa y reconoció tener conocimiento de que Favio Ramos se encontraba suspendido.
No fue posible profundizar en ese momento sobre la contradicción entre lo informado por el agente policial y la respuesta posterior del magistrado. Tampoco se llegó a consultar al juez si Ramos realizó algún acto de defensa durante el intento de apertura de la audiencia.
Una causa que se arrastra desde 2020
Aguilera está acusado por denuncia falsa en una causa iniciada en 2020 por el entonces fiscal Alcides Espínola y que actualmente está a cargo de Osvaldo Mora. El proceso surgió de una denuncia presentada por Aguilera contra un abogado por un supuesto cobro indebido de honorarios. La Fiscalía desestimó aquella denuncia por inexistencia del hecho y posteriormente acusó a Aguilera, al sostener que conocía a qué actuaciones correspondía la regulación de honorarios y, pese a ello, formuló la denuncia.
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Seis años después, el juicio oral todavía no pudo iniciarse. Aguilera permaneció en rebeldía desde febrero de 2024 y recién fue detenido este año, luego de acumular cinco órdenes de captura en distintos expedientes. Fue encontrado durmiendo en su vivienda de Borja y actualmente cumple arresto domiciliario sin tobillera electrónica.
El patrón se repite en otras causas
Aguilera enfrenta además dos acusaciones por frustración de la ejecución individual, ambas a cargo del fiscal Martín Escalada. En una de ellas volvió a faltar a una audiencia preliminar el 11 de agosto último, pese a estar expresamente advertido de que una nueva incomparecencia injustificada implicaría rebeldía, captura y ejecución de la prisión preventiva. Sin embargo, el Juzgado se limitó a fijar otra audiencia para el 31 de agosto, decisión que fue recurrida por la querella adhesiva.
También fue condenado en 2017 a dos años y seis meses por producción de riesgos comunes, pero esa sentencia tampoco quedó firme. El Tribunal de Apelación tardó más de cinco años en confirmarla y la Corte anuló posteriormente esa resolución, por lo que el expediente volvió a segunda instancia casi nueve años después de la condena.
Pero ese proceso había comenzado todavía antes y ya supera los diez años de trámite. A esto se suma la causa por denuncia falsa, iniciada hace seis años, y los dos expedientes por frustración de la ejecución individual, abiertos desde 2024.
El problema, entonces, ya no puede atribuirse únicamente a las chicanas. Cuando las maniobras dilatorias consiguen producir efectos durante años, es porque el propio sistema judicial termina creando las condiciones para que eso ocurra.