El activista liberal Carlos Aguilera González fue condenado hace casi nueve años a una pena de dos años y seis meses de prisión por producción de riesgos comunes, luego de efectuar disparos en un surtidor de Iturbe y poner en peligro a varias personas, según el fallo. Sin embargo, la condena nunca quedó firme, en medio de su rebeldía, sucesivos planteos dilatorios y la mora judicial. También fue imputado hace seis años por denuncia falsa, pero el juicio oral recién está previsto para este lunes, tras reiteradas suspensiones y su renuencia a someterse al proceso.
Carlos Aguilera González es conocido en la zona de Borja por su vinculación con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y por haber financiado candidaturas liberales, más que por una militancia pública visible.
Hasta ahora, la única condena penal dictada en su contra continúa sin poder ejecutarse. La sentencia fue pronunciada en septiembre de 2017, confirmada recién en 2023 y posteriormente devuelta a segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia.
El expediente refleja cómo los planteos defensivos, las demoras para resolverlos y las fallas de los propios órganos judiciales pueden prolongar durante más de una década un proceso penal, hasta poner en discusión incluso la vigencia de la acción por efecto de la prescripción.
Condenado por disparar en un surtidor
La causa se inició hace más de 10 años y fue caratulada originalmente como coacción grave en Iturbe, pero el Tribunal de Sentencia de Villarrica modificó la calificación jurídica y condenó a Aguilera a dos años y seis meses de prisión por producción de riesgos comunes.
Según la sentencia, Aguilera efectuó disparos con un arma de fuego en una estación de servicios de Iturbe y puso en peligro a un ciudadano español, a su esposa, a su hijo menor de edad y a otras personas que se encontraban en el lugar.
La defensa apeló el fallo. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Villarrica tardó más de cinco años en resolver el recurso y recién el 13 de abril de 2023 confirmó la condena. Posteriormente, los abogados promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.
Voto en disidencia en la Corte
Tres años después, en mayo de este 2026, la Sala Constitucional de la Corte anuló la resolución del Tribunal de Apelación y ordenó que el recurso de la defensa sea nuevamente estudiado por otro tribunal de segunda instancia.
En mayo de este año, la Sala Constitucional de la Corte anuló la resolución del Tribunal de Apelación y ordenó que el recurso de la defensa sea nuevamente estudiado por otro tribunal de segunda instancia.
La Corte no absolvió a Aguilera ni anuló directamente la sentencia condenatoria de primera instancia. Tampoco declaró la prescripción de la causa. La mayoría consideró que los camaristas no habían respondido suficientemente a varios cuestionamientos formulados por la defensa.
Entre esos planteos se encontraban la prescripción y extinción de la acción penal, entre otros.
El ministro preopinante Víctor Ríos, de extracción liberal, consideró que el fallo de Apelación tenía una fundamentación insuficiente, debido a que confirmó las decisiones del Tribunal de Sentencia sin responder individualmente los agravios planteados. A esa posición se adhirió el ministro César Diesel, con lo que se conformó la mayoría necesaria para anular la resolución y devolver el expediente a segunda instancia.
El ministro Gustavo Santander, en cambio, votó por rechazar la acción de inconstitucionalidad por considerarla improcedente. Argumentó que la defensa había promovido paralelamente un recurso extraordinario de casación contra la misma resolución.
El nuevo Tribunal de Apelación deberá volver a estudiar el recurso y podrá confirmar, modificar o revocar la condena. Cualquiera sea la decisión, las partes podrán promover nuevos recursos, con lo que el proceso todavía se encuentra lejos de una conclusión definitiva.
Acusado en 2020 y juzgado recién seis años después
La misma combinación de chicanas, rebeldía y fallas del sistema se repite en la causa por denuncia falsa, en la que la acusación fue presentada en 2020 por el entonces fiscal Alcides Espínola. El expediente se encuentra actualmente a cargo del fiscal Osvaldo Mora.
El proceso se originó en una denuncia presentada por Aguilera contra un abogado por un supuesto cobro indebido de honorarios. El Ministerio Público investigó el caso y terminó solicitando su desestimación por inexistencia del hecho denunciado.
Según la acusación, Aguilera habría inventado deliberadamente el hecho atribuido al profesional, pese a conocer que no había ocurrido. Esa conducta dio origen al proceso penal por denuncia falsa.
Aunque la acusación fue formulada hace seis años, el juicio oral todavía no pudo comenzar. Aguilera permaneció prófugo y en estado de rebeldía desde febrero de 2024, mientras que la defensa promovió sucesivos pedidos de suspensión.
Luego de dos suspensiones, el inicio del debate fue fijado nuevamente para este lunes 27 de julio, ante el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Julio Alfonso (como presidente), Víctor Ortigoza y Lisy Bogado.
Dos años prófugo y cinco órdenes de captura
Aguilera permaneció durante dos años en estado de rebeldía y llegó a acumular cinco órdenes de captura en diferentes expedientes. La Policía alegaba que no podía ubicarlo y que supuestamente se ocultaba en el departamento de Paraguarí.
Finalmente, el 13 de mayo fue encontrado durmiendo en su vivienda de la colonia Boquerón, distrito de Borja, durante un allanamiento solicitado por la Fiscalía.
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Tras su detención, debió ponerse a disposición de varios jueces que habían ordenado su captura. En distintos expedientes recibió prisiones preventivas y medidas alternativas, hasta que finalmente quedó bajo arresto domiciliario.
La Justicia había dispuesto que fuera controlado mediante una tobillera electrónica, pero el dispositivo no pudo instalarse. Su vigilancia quedó a cargo de la comisaría jurisdiccional, la misma dependencia policial de la zona donde permaneció durante dos años sin ser detenido.
Otros procesos también acumulan suspensiones
Aguilera enfrenta además dos acusaciones por frustración de la ejecución individual, ambas actualmente a cargo del fiscal Martín Escalada.
Según las acusaciones, habría vendido vehículos que se encontraban embargados para evitar que fueran rematados dentro de procesos de ejecución. Una de las causas ya acumuló varias suspensiones de su audiencia preliminar.
También registra una causa por tentativa de homicidio doloso en otra circunscripción judicial. Sin embargo, no existen mayores antecedentes disponibles sobre ese proceso en los registros judiciales de Villarrica.
