El conocido operador político del PLRA, Carlos Aguilera González, acumuló cinco órdenes de captura y fue encontrado durmiendo en su vivienda, luego de que la Policía alegara durante dos años que no lograba ubicarlo. Tras su detención, la Justicia le concedió arresto domiciliario con monitoreo electrónico obligatorio, pero la tobillera no pudo ser instalada. Su permanencia en la casa quedó finalmente sometida a controles de la misma comisaría jurisdiccional que anteriormente informaba que no podía encontrarlo.
Carlos Aguilera González (52), quien permaneció durante dos años en estado de rebeldía y llegó a acumular cinco órdenes de captura en diferentes procesos penales, actualmente cumple arresto domiciliario en la misma vivienda de Borja donde finalmente fue detenido.
Sin embargo, no cuenta con la tobillera electrónica que la Justicia había considerado necesaria para controlar sus movimientos.
El procesado es un conocido activista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la zona de Borja. Fue detenido el 13 de mayo pasado durante un allanamiento realizado en su domicilio, ubicado en la colonia Boquerón, a unos 500 metros del cruce del mismo nombre.
La intervención fue solicitada por el fiscal de Villarrica, Martín Escalada, luego de reiterados pedidos de captura que no habían sido ejecutados por la Policía.
Las órdenes estaban relacionadas a un proceso por tentativa de homicidio doloso, una condena por producción de riesgos comunes y tres acusaciones formales por denuncia falsa y frustración de la ejecución individual. Según los antecedentes policiales, los pedidos de detención fueron reiterados al menos seis veces entre febrero de 2024 y mayo de 2026.
La explicación de los agentes de la zona era que Aguilera no permanecía en Borja y que supuestamente se ocultaba en el departamento de Paraguarí. No obstante, cuando el Ministerio Público obtuvo la orden de allanamiento, la comitiva lo encontró durmiendo en su vivienda.
Beneficiado con arresto domiciliario
Tras su captura, Aguilera debió ponerse a disposición de cuatro jueces que lo habían declarado en rebeldía y ordenado su detención en diferentes procesos.
En un expediente por coacción grave, donde tiene una condena en primera instancia por el delito de producción de riesgos comunes, se presentó ante la jueza de Ejecución, Marlene Romero.
En su causa por denuncia falsa, que ya fue elevada a juicio oral, el juez de Sentencia de Villarrica, Julio Alfonso, dispuso inicialmente su prisión preventiva. Sin embargo, antes de que fuera remitido a la cárcel, el magistrado la sustituyó por medidas alternativas.
Por su parte, el juez penal de Garantías de Independencia, Porfirio Martínez, le concedió directamente medidas alternativas a la prisión en una de las dos causas por frustración de la ejecución individual.
En el segundo proceso por el mismo hecho punible, la jueza penal de Garantías de Villarrica, Dionicia Alfonso, también le concedió inicialmente medidas alternativas. Pero días después ordenó su prisión preventiva debido a que Aguilera no compareció a una audiencia preliminar y fue declarado nuevamente en rebeldía.
La defensa alegó que el procesado no había recibido personalmente la notificación y que, al conocer la resolución, se puso a disposición del Juzgado. También sostuvo que su traslado a una penitenciaría representaba un grave riesgo para su salud.
Aguilera no llegó a ser remitido a prisión porque permaneció internado tres semanas en el Centro Médico Guaireño. Los informes médicos mencionan hipertensión arterial, diabetes, dificultades para caminar y antecedentes de accidente cerebrovascular, problemas cardiovasculares e hidrocefalia.
El 23 de junio, pese a sus antecedentes de rebeldía y a haber eludido durante más de dos años los mandatos judiciales, la magistrada revocó la prisión preventiva. Consideró su estado de salud y le concedió arresto domiciliario, acompañado obligatoriamente de una tobillera electrónica para controlar sus movimientos.
Fiscalía advirtió peligro de fuga
La colocación de la tobillera había sido planteada por la querella adhesiva y respaldada por el fiscal Martín Escalada, quien interviene en las dos causas por frustración.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público sostuvo que existía un “peligro de fuga evidente”, debido a que Aguilera había permanecido prófugo y en estado de rebeldía durante dos años.
La Fiscalía señaló además que el monitoreo en tiempo real era indispensable, atendiendo al antecedente de renuencia del procesado a cumplir los mandatos judiciales.
Pese a ello, el dispositivo nunca pudo ser instalado.
Prueba técnica resultó negativa
El mismo 23 de junio, alrededor de las 18:00, técnicos de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control de la Policía Nacional acudieron a la vivienda de Aguilera para verificar si la tobillera podía funcionar en el lugar.
La prueba detectó la señal celular, la conexión satelital y la velocidad de transmisión de datos aceptables. Sin embargo, los reportes de ubicación llegaban a la plataforma de monitoreo en Asunción con un retraso promedio de aproximadamente 6 minutos y 43 segundos, superior al máximo de 5 minutos admitido por el sistema.
El equipo técnico declaró “no factible” la instalación de la tobillera electrónica por el tiempo excesivo que demoraban en llegar los datos de ubicación, no por falta de señal.
Hasta el momento no se hizo una nueva prueba técnica.
Control quedó a cargo de la Policía
Ante la imposibilidad de instalar la tobillera, Aguilera permanece en su domicilio sin un sistema permanente de geolocalización.
La resolución judicial establece controles aleatorios a cargo de efectivos de la comisaría jurisdiccional, que deben informar mensualmente al Juzgado sobre el cumplimiento del arresto. También permanecen vigentes la prohibición de salir del país y la obligación de no cambiar de domicilio sin autorización judicial.
La situación resulta llamativa porque el control volvió a quedar en manos de la misma dependencia policial de la zona donde el procesado permaneció durante dos años sin ser detenido, pese a las reiteradas órdenes de captura.
La propia jueza había considerado que el monitoreo electrónico era necesario para reducir los riesgos procesales. Incluso rechazó inicialmente una autorización para que Aguilera viajara a una consulta médica en Fernando de la Mora, porque la tobillera todavía no estaba activa y el traslado sin geolocalización podía desnaturalizar el arresto domiciliario.
De esta manera, una persona que permaneció prófuga durante años y fue encontrada en su propia vivienda cumple ahora arresto domiciliario sin el principal mecanismo de control que la Justicia había ordenado para evitar que volviera a eludir los procesos abiertos en su contra.
Procesos marcados por dilaciones
Los procesos contra Aguilera también estuvieron marcados por sucesivas suspensiones, incomparecencias y declaraciones de rebeldía. En una de las causas por frustración de la ejecución individual, la audiencia preliminar fue suspendida cinco veces durante este año, en todos los casos a pedido de la defensa. En la causa por denuncia falsa, el juicio oral ya tuvo tres fechas y también fue objeto de sucesivos pedidos de suspensión. En los hechos, estos planteos fueron postergando la definición de los expedientes
Antecedentes y causas abiertas
Aguilera enfrenta dos procesos por frustración de la ejecución individual. Según las acusaciones, habría vendido vehículos que se encontraban embargados para impedir que fueran rematados.
En tanto que el juicio oral y público por denuncia falsa está previsto para el próximo lunes 27 de julio.
Además, Aguilera fue condenado en primera instancia a dos años y seis meses de prisión por producción de riesgos comunes, en una causa inicialmente caratulada como coacción grave. La Corte anuló el fallo del Tribunal de Apelación que había confirmado la condena y ordenó que el recurso de la defensa sea nuevamente estudiado en segunda instancia. En la Sala Constitucional, el ministro Gustavo Santander votó por rechazar la acción; sin embargo, prevaleció la posición del preopinante Víctor Ríos, precisamente de extracción liberal, a la que se adhirió el ministro César Diesel.
Aguilera también registra una causa por tentativa de homicidio doloso en otra circunscripción judicial. Sin embargo, no existen mayores antecedentes disponibles sobre ese expediente en los registros judiciales de Villarrica.