David Montenegro remitió una réplica en la que cuestiona datos publicados sobre la participación accionaria, el estado de las maquinarias y las causas del cierre de la fábrica. Paralelamente, el directorio de Azucarera Friedmann SA defendió la venta de equipos en desuso y sostuvo que los fondos fueron utilizados para afrontar obligaciones laborales. La Fiscalía pidió desestimar la denuncia al concluir que no halló elementos suficientes para sostener la existencia de hechos punibles.

Tras darse a conocer públicamente el pedido fiscal de desestimación de la denuncia por lesión de confianza y hurto contra el presidente de Azucarera Friedmann SA (AFSA), Emmanuel Friedmann Sosa, tanto uno de los accionistas minoritarios denunciantes como el directorio de la compañía difundieron nuevos pronunciamientos.
David Montenegro, uno de los denunciantes, remitió a Foro Guairá una nota en ejercicio del derecho a réplica. Por su parte, el directorio de AFSA publicó un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones realizadas por Iván Montenegro durante una conferencia de prensa, que también fueron incorporadas al artículo publicado por este medio.
Lea también: Azucarera Friedmann SA: Fiscalía pide desestimar denuncia por lesión de confianza
La denuncia y sus ampliaciones cuestionan principalmente la venta de maquinarias y equipos por valores que este grupo de accionistas consideran inferiores a los del mercado y la transferencia de un inmueble de 26,35 hectáreas ubicado en Rincón a Dinámica Urbana SRL, empresa propiedad del mismo presidente de AFSA.
Los denunciantes sostienen que estas operaciones habrían afectado el patrimonio de la sociedad, mientras que la conducción de la empresa azucarera afirma que fueron decisiones aprobadas por el directorio para obtener liquidez y afrontar deudas y juicios pendientes.
La Fiscalía sostiene que no se acreditó un perjuicio patrimonial penalmente relevante y que no existen elementos suficientes para configurar lesión de confianza o hurto.
Montenegro cuestiona el alcance de la investigación
En su réplica, David Montenegro sostuvo que el fiscal Osvaldo Mora solicitó la desestimación sin realizar pericias contables, evaluaciones técnicas de las maquinarias ni inspecciones en los lugares mencionados en la denuncia.
También reiteró que, según su posición, el requerimiento fiscal no analizó de manera específica los hechos incorporados mediante posteriores ampliaciones.
Estos cuestionamientos ya habían sido incluidos en el artículo original de Foro Guairá como parte de la versión de los denunciantes.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que realizó numerosas diligencias, recibió declaraciones, obtuvo informes institucionales, incorporó un inventario de maquinarias y analizó el descargo presentado por el denunciado Emmanuel Friedmann.
El requerimiento fiscal concluyó que los elementos reunidos no permitían sostener la existencia de hechos punibles y que buena parte de la controversia debía discutirse en el ámbito civil o societario.

Versiones contrapuestas sobre envasadoras
Otro punto de la réplica se refiere a dos máquinas envasadoras de azúcar que habrían sido vendidas por aproximadamente USD 700 cada una y que, según Iván Montenegro, tendrían un valor como equipos usados de unos USD 15.000 por unidad.
David Montenegro sostiene que las máquinas estaban en funcionamiento cuando Emmanuel Friedmann asumió la presidencia de la sociedad y que posteriormente fueron adquiridas por la empresa vinculada a él, por un precio que considera insignificante.
Emmanuel Friedmann dio una versión diferente. Reconoció que compró las envasadoras y otros equipos, pero afirmó que se encontraban inservibles, eran obsoletos y prácticamente sólo conservaban valor de chatarra.
Directorio defiende la venta de equipos
En su comunicado, el directorio de AFSA sostuvo que la venta de equipos industriales obsoletos y en desuso fue aprobada por mayoría absoluta y tuvo como finalidad obtener liquidez para pagar indemnizaciones laborales y afrontar juicios que se encontraban en una etapa avanzada.
Según el requerimiento fiscal, Azucarera Friedmann vendió equipos y materiales declarados en desuso por un valor total de G. 2.564.232.950 a Petroquim SA, Dinámica Urbana SRL y Azucarera Paraguaya SA (AZPA). Esta última empresa es la accionista mayoritaria de AFSA y tiene un acuerdo societario con Emmanuel Friedmann para condicionar y controlar las decisiones del directorio.
El descargo incorporado a la investigación señala que el dinero percibido fue utilizado para afrontar juicios promovidos contra la compañía.
El directorio afirmó que esas obligaciones provenían principalmente de administraciones anteriores y que actualmente se encuentran documentadas y respaldadas con la aprobación de accionistas que representan aproximadamente el 85% del paquete societario.
También aseguró que entregó al Ministerio Público los informes y documentos solicitados sobre el destino de los bienes vendidos y la utilización de los recursos obtenidos.

Discrepancia sobre la participación accionaria
En el artículo anterior, Emmanuel Friedmann sostuvo que los denunciantes reunían poco más del 1% de las acciones. Sin embargo, el comunicado del directorio precisa que ese porcentaje corresponde específicamente a Iván Montenegro Ríos, a quien identifica como accionista con el 1% de participación.
Por su parte, David Montenegro sostiene que el grupo Montenegro posee más del 12% del paquete accionario de Azucarera Friedmann SA.
Discuten las causas del cierre
Montenegro rechazó también que la fábrica haya cesado sus actividades debido a dificultades ambientales. Sostuvo que el cierre fue provocado por el desmantelamiento y la venta progresiva de bienes muebles e inmuebles.
El directorio de la empresa insiste, en cambio, que la venta de activos respondió a la necesidad de atender obligaciones financieras y laborales, luego de que la planta dejara de operar y numerosos equipos quedaran obsoletos.
La fábrica suspendió definitivamente sus operaciones industriales en mayo de 2024.
La decisión todavía corresponde al Juzgado
El fiscal Osvaldo Mora solicitó en enero de 2026 la desestimación de la denuncia y posteriormente se ratificó en su posición.
La jueza penal de Garantías Blanca Edelicia Barreto imprimió trámite de oposición. Si mantiene su postura, las actuaciones deberán remitirse a una instancia superior del Ministerio Público, que podrá formular un nuevo requerimiento o confirmar la posición del fiscal interviniente.
Hasta que concluya ese procedimiento, la denuncia no se encuentra formalmente cerrada.
