La Corte designó a la defensora pública de Villarrica, Lisy Bogado, como jueza penal itinerante. Asimismo, la actuaria judicial de Coronel Oviedo, Blanca Barreto, fue nombrada jueza penal de garantías. La primera sería asignada a un Tribunal de Sentencia y la segunda al Juzgado de Independencia.

Los ministros superintendentes de la Circunscripción Judicial de Guairá, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, consensuaron ambas candidaturas, que posteriormente fueron aprobadas por unanimidad por el pleno de la Corte.

Lisy Emilse Bogado Duarte obtuvo el mejor puntaje de su terna, con 661,23 puntos. Compitió con el defensor público Cristhian Dejesús Fernández Ramírez (559,2 puntos) y la abogada particular Cristina Cándida Chamorro Páez (507,2 puntos).

Por su parte, Blanca Edelicia Barreto, actuaria judicial de un Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo, fue la postulante con menor puntuación de su terna, con 572,57. También integraron la nómina la asistente de la Defensoría Pública, Vivian Rossana Vera Silvero (627,98 puntos), y la actuaria judicial en Garantías, Evelyn Andrea Aguilar Rodríguez (606,05 puntos).

Como jueza itinerante, Lisy Bogado sería destinada a un Tribunal de Sentencia para cubrir la vacancia dejada por Paternio Vera, quien recientemente fue promovido a un Tribunal Electoral. Esta posibilidad ya había sido adelantada por la presidenta de la Circunscripción de Guairá, Elsa Escobar de Keudell, y por el coordinador de los jueces de Sentencia, Julio Alfonso.

De acuerdo con la reorganización prevista por las autoridades judiciales, Blanca Barreto, aunque fue designada como jueza de Villarrica, sería destinada al Juzgado Penal de Garantías de Independencia. A su vez, el juez Porfirio Martínez, quien actualmente interina ese despacho, volvería a desempeñar funciones en Sentencia.

Con estos movimientos, los tres Tribunales de Sentencia de Villarrica volverían a contar con sus nueve integrantes, lo que permitiría reducir los frecuentes inconvenientes de integración que en reiteradas ocasiones provocaron la suspensión de juicios orales y públicos.