Mario Fernández Candia, actual jefe de Servicios Generales del Hospital Regional de Villarrica, fue imputado por coacción grave en el marco de una investigación iniciada a partir de denuncias sobre un presunto esquema de estafa piramidal. Según la Fiscalía, habría presionado a trabajadoras de escasos recursos para que entregaran dinero con la expectativa de ser contratadas o de asegurar la renovación de sus contratos.
La denuncia original fue presentada en abril de 2025, hace más de un año, por dos limpiadoras del Hospital Regional de Villarrica que afirmaron haber entregado dinero para ingresar a un supuesto emprendimiento que prometía ganancias. Los hechos investigados, en tanto, habrían ocurrido en diciembre de 2024, cuando el denunciado se desempeñaba como Jefe de Admisión.
Según los antecedentes recogidos por el Ministerio Público, Mario Fernández Candia habría utilizado su condición de jefe y su influencia dentro del hospital para presionar a algunas trabajadoras. La sospecha es que se les habría hecho entender que debían ingresar al esquema y aportar dinero para tener posibilidades de ser contratadas o mantener sus contratos, explicó Martín Escalada, fiscal de Villarrica a cargo de la investigación.
Las afectadas eran principalmente trabajadoras de limpieza, varias de ellas de condición económica humilde. Los aportes rondaban, en promedio, G. 1 millón por persona, según los datos recogidos por la Fiscalía.
De estafa a coacción
El caso comenzó con dos denuncias formales. Posteriormente, un grupo de 36 trabajadoras presentó una nota conjunta en la que también afirmaban haber sido víctimas del presunto esquema de estafa piramidal.
Las denunciantes señalaron que habían sido invitadas a participar de un sistema en el que debían aportar dinero a cambio de posibles retornos económicos. También se promovía la incorporación de nuevas personas, bajo una lógica en la que “cuanto más gente trae es mejor”.
Sin embargo, la investigación se prolongó durante varios meses y la hipótesis de estafa fue perdiendo fuerza ante las dificultades para acreditar los elementos exigidos para ese hecho punible.
“Se tienen que dar ciertos presupuestos legales, según el artículo 187 del Código Penal, que es la mentira”, explicó Escalada. Agregó que se debe acreditar principalmente el engaño que llevó a las víctimas a disponer de su patrimonio.
Hasta el momento, la Fiscalía no logró reunir elementos suficientes para sostener esa calificación. La investigación terminó concentrándose en la posible coacción ejercida sobre las trabajadoras, especialmente en un caso en el que existen evidencias que, según el Ministerio Público, permiten avanzar con la imputación.
Un solo caso de coacción, por el momento
La imputación contra el jefe de Servicios Generales se sostiene actualmente en un caso concreto de coacción grave, en el que la Fiscalía afirma contar con elementos objetivos que respaldan el relato de la víctima.
Uno de los principales es la constancia de una transferencia de dinero. En los demás casos, según los datos recogidos durante la investigación, las entregas se habrían realizado en efectivo y sin recibos, lo que dificulta reconstruir documentalmente el movimiento del dinero y acreditar que efectivamente fue entregado al ahora imputado.
“Se ven obligadas a ingresar a este sistema piramidal a cambio de que les puedan ser renovados los contratos”, sostuvo Escalada al explicar la hipótesis que llevó finalmente a la imputación.
Además, varias de las 36 personas que acompañaron la denuncia no acudieron posteriormente a declarar. La Fiscalía no descarta que algunas hayan desistido a raíz de presiones del propio investigado. Escalada también reconoció que el prolongado tiempo transcurrido desde la presentación de las denuncias pudo desalentar a las afectadas.
En el caso que sí pudo avanzar, la hipótesis fiscal es que la víctima habría sido constreñida a ingresar al supuesto emprendimiento ante la advertencia de que de ello dependía su recontratación anual como limpiadora del Hospital Regional.
Para determinar si Fernández Candia realmente tenía capacidad de incidir en esa decisión, la Fiscalía solicitó al Hospital Regional informes sobre sus funciones, los contratos de las afectadas y las prerrogativas que tenía por su cargo. Según Escalada, los datos remitidos por el centro asistencial corroboraron que el funcionario, cuando era jefe de Admisión, tenía incidencia en cuestiones relacionadas con la evaluación del personal que será contratado y recontratado.
Niega coacción y habla de “maldad o envidia”
Fernández Candia, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que no tuvo participación en ningún emprendimiento ni presionó a las trabajadoras para que entregaran dinero. También rechazó la versión de la Fiscalía sobre la transferencia utilizada como uno de los elementos de la imputación y sostuvo que su defensa cuenta con documentos que serán presentados durante el proceso.
“No sé si es maldad o alguna envidia o qué fue lo que pasó, pero la Justicia sabrá”, expresó. Agregó que recién tomó conocimiento de la causa cuando fue notificado y afirmó que está tranquilo y dispuesto a someterse a la investigación fiscal.
El funcionario sostuvo además que, aun cuando ocupaba la jefatura de Admisión, no tenía autonomía para decidir sobre el personal, debido a que las decisiones también dependían de Recursos Humanos y de la Dirección del hospital.
Fernández Candia actualmente es jefe de Servicios Generales y anteriormente estuvo al frente del Servicio de Admisión. Según su versión, una de las denunciantes quedó posteriormente a cargo de Admisión, el puesto que él había dejado. Al intentar explicar el posible origen de las acusaciones, mencionó como una hipótesis personal que podrían existir conflictos vinculados con los cargos dentro de la institución.
“Lo que yo estoy pensando nomás es que ellos querían el cargo mío”, manifestó.
Miguel Fernández afirmó además que lleva 25 años trabajando en el Hospital Regional y sostuvo que confía en que la investigación permitirá esclarecer el caso.
Hasta tres años de cárcel
La Fiscalía calificó el hecho como coacción grave porque la sospecha es que Fernández Candia habría abusado de su cargo como funcionario público para ejercer presión sobre la víctima. En estas circunstancias, el artículo 121 del Código Penal establece una pena de hasta tres años de prisión.
La Fiscalía solicitó para el exjefe de Admisión medidas alternativas a la prisión y la prohibición de acercarse a las víctimas, mientras continúa la investigación. Esta última medida podría tener consecuencias dentro del Hospital Regional, atendiendo a que el imputado continúa ocupando un alto cargo y físicamente podría coincidir con las víctimas en espacios del hospital.
Asimismo, la coacción admite algunas salidas alternativas y también un acuerdo con la víctima. En este caso, pese a las 36 denunciantes, formalmente la causa tiene hasta ahora una sola víctima.