El mismo estudio jurídico que representó a los exsenadores Hernán Rivas, acusado por presunto título falso de abogado, y Erico Galeano, condenado por sus vínculos con el narcotráfico, defiende ahora al exgerente de la criptominera Bitfarms de Villarrica y aplica la misma estrategia dilatoria. Con chicanas, el juicio ya fue suspendido cinco veces.
Andrés Alfonso Acevedo ejerce la defensa de Juan Ignacio Marcillo, exgerente de D&N SA (Bitfarms), acusado por polución sonora. Según la Fiscalía del Medio Ambiente, los ruidos industriales generados por la criptominería afectaron durante meses a pobladores del barrio Santa Lucía de Villarrica.
En la causa de Hernán Rivas, el estudio encabezado por el abogado Cristóbal Cáceres Frutos recusó al fiscal, al juez penal de garantías y al Tribunal de Apelación. Esta última acción demoró casi un año en la Corte Suprema de Justicia, período utilizado para sostener la prescripción de los hechos investigados. Este equipo jurídico obtuvo un sobreseimiento por prescripción que posteriormente fue anulado.
En el caso de Erico Galeano, Andrés Alfonso y otro abogado renunciaron a la defensa, lo que provocó una nueva suspensión del juicio oral. Pese a ello, el exlegislador fue condenado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal. Semanas atrás, la sentencia fue confirmada; posteriormente renunció al Congreso y se ordenó su prisión preventiva.
En Villarrica, la defensa de Marcillo recusó a todos los miembros del Tribunal de Sentencia y luego a los del Tribunal de Apelaciones, lo que derivó en una quinta suspensión del juicio. La Sala Penal de la Corte debe resolver el incidente para que pueda fijarse una nueva fecha, aunque el trámite podría extenderse por varios meses.
“Hicimos notar nuestra postura al Tribunal: que efectivamente son cuestiones planteadas al solo efecto de dilatar el inicio del juicio oral”, sostuvo la fiscala de Medio Ambiente de Villarrica, Jadiyi Ortiz. Marcillo se expone a una pena de hasta 10 años de prisión por presunta contaminación del aire mediante ruidos dañinos, conforme a la acusación fiscal.